El Supremo acaba con las sanciones del Ayuntamiento de Barcelona a las viviendas vacías 

Una de las medidas estrella del Ayuntamiento de Barcelona para intentar acabar con las existencias de viviendas vacías en la ciudad ha sido anulada de manera definitiva por el Tribunal Supremo. Se trata de la tasa que en septiembre de 2016 estableció el consistorio barcelonés para sancionar a los grandes propietarios de viviendas que las tuvieran vacías durante al menos dos años sin causa justificada.

El alto tribunal ratifica de esta manera una sentencia dictada en su día por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que consideraba que el Ayuntamiento de Barcelona no es competente para legislar sobre esta materia, por lo que anuló varios artículos de esta norma.

La pretensión del consistorio barcelonés era cobrar 633€ por cada vivienda vacía a los grandes propietarios para cubrir el coste de las actuaciones administrativas tendentes a descubrir y sancionar la existencia de pisos vacíos. Tras esta sanción, en cada requerimiento posterior se impondría una multa de 286€. El gobierno municipal modificó para ello las ordenanzas fiscales y justificó su decisión en los problemas de vivienda que sufre la ciudad.

Sin embargo, la Sareb recurrió esta norma por considerar que el Ayuntamiento barcelonés ni tiene competencias para legislar sobre esta materia ni está entre los servicios que se incluyen en su marco normativo.

Tras ver que el TSJC dio la razón al recurrente, el Ayuntamiento de Barcelona optó por presentar el correspondiente recurso ante el Tribunal Supremo, que finalmente ha acabado por ratificando la sentencia del alto tribunal catalán.

De todas formas, la decisión del TS apenas va a tener repercusión en las cuentas del Ayuntamiento de la capital catalana. Cuando el TSJC dictaminó en contra de la norma, el consistorio optó por no imponer sanciones y mantener en suspensión la aplicación de este tributo hasta que el Supremo resolviera de manera definitiva la causa.

Desde el Ayuntamiento se considera que la decisión del TS no entra en el fondo de la cuestión ya que no se analiza la posibilidad de que la Generalitat, en función de sus competencias, pueda otorgar a los ayuntamientos catalanes las atribuciones necesarias para que puedan legislar localmente en esta materia.

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