El Parlament tumba el decreto de la Generalitat para controlar el precio del alquiler

El decreto ley de la Generalitat para limitar el precio del alquiler de la vivienda apenas ha tenido un mes de vida y no entrará en vigor. La mayoría de los partidos que conforman el Parlament ha rechazado la puesta en marcha del decreto que la consellera de Justicia, Ester Capella, había hecho público a finales del pasado mes de mayo.

Los votos de toda la oposición (69), formada por Cs, PSC, PP y CUP, han sido suficientes frente a los de los dos partidos que sustentan el gobierno de la Generalitat presidido por Quim Torra, JxC y ERC, que suman 64 diputados.

Este decreto suspendido establece que las administraciones locales pueden limitar el precio de los alquileres de la vivienda en aquellas zonas en las que se puede acreditar la ausencia de vivienda en alquiler asequible, que se califican como “zona con mercado vivienda tensa”.

Sin embargo, los grupos de la oposición han criticado que la medida se haya intentado poner en marcha sin apenas haber consultado con ellos, que se anunciara su aprobación durante la campaña municipal para favorecer los intereses de ERC en Barcelona, y que se haya basado en un modelo, el alemán, que ha fracasado y que en lugar de reducir el precio del alquiler ha provocado su aumento.

Los partidos de la oposición consideran que la puesta en marcha no contribuiría a solucionar los problemas que, según ellos, arrastra el mercado del alquiler y defienden que este tipo de medidas se deben consensuar entre todos los partidos políticos para que resulten efectivas.

Además, el texto entraba en el Parlament con un dictamen contrario del Consell de Garanties Estatutàries, que considera que la norma invade competencias del Estado, además de contravenir algunos artículos del Estatut y de la Constitución, opinión que no comparte el gobierno de la Generalitat.

El decreto, que también ha generado tensiones en el seno del gobierno de la Generalitat, estipula, entre otras cosas, que el precio del alquiler en las llamadas zonas tensas, no podrá superar en un 10 % el precio establecido por un Índice de Referencia que se calcula según la fianzas depositadas en el Incasòl. Solo si se trata de viviendas singulares podrá subirse el precio un 5 % más y si son viviendas nuevas o completamente rehabilitadas, hasta un 20 %, pero en este caso solo en los cinco años posteriores a la conclusión de las obras.

Precisamente, estas han sido algunas de las medidas que más han cuestionado los grupos de la oposición, ya que consideran que tanto el índice de referencia adoptado como la opción de subir el precio en determinadas condiciones pueden resultar contrarias al efecto pretendido.

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