Los administradores de fincas advierten que regular los alquileres agravará el acceso a la vivienda

El sector inmobiliario ha mostrado su rechazo a la intención del Govern de la Generalitat de congelar o bajar los precios de los alquileres en los municipios catalanes de menos de 20.000 habitantes.

La propuesta surge de una iniciativa del Sindicat de Llogaters que ha servido de base a la propuesta que han hecho en el Parlament los grupos parlamentarios de JuntsxCat, Esquerra, Catalunya en Comú-Podem y la CUP.

En un comunicado conjunto, el Colegio de Administradores de Fincas Barcelona-Lleida, el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y Provincia, la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña y la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona-Lleida, han dejado claro que la aprobación de una ley de esas características irá en perjuicio de los ciudadanos, ya que su acceso a la vivienda se verá agravado.

Responsabilidad pública

Los representantes del sector inmobiliario considera que la ausencia de un parque público de vivienda es una responsabilidad exclusiva de las administraciones públicas y que con esta ley se pretende que sea el sector privado el que asuma las consecuencias de esa falta de vivienda pública . “Con la aprobación de estas medidas, el sector público está trasladando al sector privado la responsabilidad de dar respuesta a la problemática de la escasez de vivienda social, además de adoptar medidas que se muestran contrarias a la protección que la propiedad privada recibe explícitamente en el artículo 33 de la Constitución”, indican estas agrupaciones en un comunicado hecho público.

Desde el sector consideran que el derecho a una vivienda digna debe ser garantizado por el sector público con apoyo del sector privado, pero nunca socavando el derecho del sector privado a rentabilizar las inversiones. Por eso señalan que “se  debe buscar el justo equilibrio entre la protección del inquilino y la defensa legítima de los intereses de los propietarios”.

Pequeños propietarios

También se recuerda que la gran mayoría de los propietarios de viviendas en alquiler en la comunidad son pequeños propietarios. El 96 % de estos propietarios tiene menos de 5 viviendas y muchos de ellos dependen de esos ingresos para sobrevivir.

Además, defienden que este tipo de controles acaba por afectar a los sectores más desfavorecidos, y contribuyen a deteriorar el parque de viviendas, ya que muchos propietarios no pueden hacer frente a los gastos ni a las reformas necesarias por la disminución de ingresos.

El proyecto también establece que el periodo de vigencia del contrato del alquiler debe ser de entre seis y diez años, que el propietario debe dar a conocer a un nuevo inquilino el precio anterior del alquiler y que los precios deben ajustarse a la media de los alquileres de la zona.

La propuesta de los grupos parlamentarios también recoge que si la vivienda se encuentra en una zona declarada como mercado tensionado, se deberá aplicar el índice de referencia de la Generalitat. Y se incorpora un régimen sancionador por el que se multará a los propietarios que se salten la norma, que podrá ser aplicado una vez se modifique la ley del Derecho a la Vivienda incluyendo como infracción grave el incumplimiento de la nueva ley.



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