España se libra de una multa de la UE por el retraso en aplicar la nueva ley hipotecaria

La puesta en marcha de la nueva ley hipotecaria ha permitido a España librarse de una multa de hasta 80 millones de euros con la que la UE amenazaba al gobierno español. Gracias a la entrada en vigor de la nueva ley, la Comisión Europea ha optado por retirar la demanda que tenía puesta contra el estado español ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE).

El caso se refiere al retraso del gobierno español en aplicar la directiva europea en el tema de los créditos hipotecarios. Según Bruselas, España incumplía las directrices de la UE y tenía de plazo para ponerse el día hasta el 21 de marzo de 2016. Por cada día de retraso, Bruselas pidió que se impusiese a España una multa de 106.000 euros.

Poco más tarde, y al comprobar que el gobierno español no había transpuesto la normativa europea, la UE pidió al TUE la apertura de un expediente sancionador contra España por este incumplimiento.  Mientras el ordenamiento jurídico español referente a los créditos hipotecarios no incluyera la legislación europea, el caso seguiría abierto y la multa creciendo.

Tras dos advertencias del gobierno europeo y el silencio del gobierno español, Bruselas acudió a la justicia europea y propuso una sanción de 80 millones de euros por el retraso en poner en marcha la legislación.

El estado español intentó defenderse argumentado las dificultades que existieron para formar gobierno a lo largo de 2016, lo que impidió que se aprobara la aplicación de la nueva normativa. Y también que ya existían en la legislación española normativas que regulaban algunos de los aspectos que contemplaba la directiva europea.

Bruselas, en principio, no atendió las argumentaciones presentadas por el gobierno español, por lo que el procedimiento sancionador continuó su curso.

Sin embargo, la transposición de la normativa europea en la nueva ley hipotecaria ha permitido al estado ahorrarse, en el último instante una multa considerable

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