El Tribunal Europeo avala los desahucios después de tres cuotas impagadas

El Tribunal de Justicia de la Unión Europa ha dictaminado que los desahucios son legales en nuestro país tras el impago de tres cuotas. Es decir, que los tribunales españoles pueden ordenar un desalojo de una viviendas si el ocupante ha dejado de pagar al banco tres mensualidades de su crédito hipotecario.

La sentencia del TJUE reconoce que las cláusulas de vencimiento anticipado son abusivas y deben ser anuladas de los contratos hipotecarios, pero ello no impide, tal y como señaló el Tribunal Supremo en 2015, que el desalojo de la vivienda no pueda llevarse a cabo.

Además, está decisión del tribunal europeo permite que se sigan llevado a cabo desahucios que estaban paralizados a la espera de esta sentencia, cuando apenas faltan unas semanas para que entre en vigor la nueva ley hipotecaria que tiene efectos retroactivos en el caso de las ejecuciones hipotecarias en los contratos con esta cláusula consideraba abusiva.

La sentencia establece que la justicia española puede sustituir la cláusula consideraba abusiva por otra que se adecúe a la legislación, aunque habrá que establecer si los contratos son viables o no sin esa cláusula y si el deudor se vería perjudicado en caso de no seguir la ejecución hipotecaria.

El tribunal europeo considera que si no se permitiera la sustitución de la cláusula y se obligara a la anular todo el contrato, el consumidor podría verse seriamente perjudicado, ya que en ese caso podría verse obligado a devolver todo el dinero restante en una cantidad que podría “exceder la capacidad económica del consumidor, por lo que se penalizaría más a este que al prestamista”.

Esta sentencia supone un respiro para la entidades financieras tras las últimas decisiones de la justicia europea que daban la razón de los consumidores respecto a la existencia de cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios, como las cláusulas suelo, las hipotecas multidivisa o los intereses de demora.

Ahora, el TJUE debe examinar la validez del Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH), que podría costar a las entidades hasta 44.000 millones, según algunos analistas.

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