El Constitucional avala la práctica totalidad del decreto del alquiler del Gobierno

El Tribunal Constitucional ha avalado la práctica totalidad del llamado decreto del alquiler que el Gobierno aprobó en marzo del pasado año. De esta manera, el alto tribunal considera que la decisión del Gobierno de validar esta nueva ley con carácter de urgencia y de aprobarla por medio del decreto ley, una figura jurídica que permite acortar los trámites parlamentarios de las nuevas normas, está plenamente justificada.

Aunque los magistrados del TC han considerado que hay alguna parte del decreto que no se ajusta a la legalidad, la totalidad de las medidas importantes que afectan directamente a la relación entre el propietario y el arrendatario han recibido el visto bueno del alto tribunal.

Novedades importantes

Este decreto-ley establece un nuevo marco legal en la relación entre propietario e inquilino. Entre otras cosas, se amplía la duración mínima de los contratos de alquiler a cinco años en el caso de vivienda y hasta siete en el caso de empresas, salvo que haya un acuerdo diferente entre ambas partes, se establece como tope máximo del aumento del precio del alquiler el IPC, se limitan el número de meses que se puede pedir como aval al inquilino y se establecen medidas para favorecer la seguridad jurídica en los procesos de desahucio.

También se contemplan nuevas medidas económicas y fiscales que afectan al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en el alquiler de la vivienda habitual o mejoras en el tratamiento del IBI si la vivienda se destina a alquiler social.

Además, también ha sido declarada constitucional la elaboración de un sistema de índices de referencia del precio del alquiler de la vivienda, que permite a las diferentes administraciones diseñar sus propias políticas y programas  públicos de viviendas.

Partes anuladas

De hecho, la sentencia del tribunal considera que tan solo dos de las partes de dicho decreto deben ser anuladas. La primera es la que hace referencia a las medidas para promover la oferta de la vivienda en alquiler, entre las que están la movilización de suelo público para la promoción del alquiler social.

La segunda, una modificación sobre la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público que ni siquiera afecta al mercado de la vivienda ya que atañe a los convenios para construir infraestructuras.

Mayoría parlamentaria

El decreto fue aprobado en marzo del año pasado y convalidado un mes después por la mayoría del Parlamento. En él se incluyen numerosas novedades legislativas para regular el mercado del alquiler, medidas que abarcan aspectos económicos y fiscales y que estaban plenamente vigentes, ahora ya con el aval del TC.



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